Corresponsabilidad

En un tiempo no muy remoto parecía evidente que cuando cinco hombres tenían sexo con una mujer sin que hubiera dinero de por medio había sido una violación.

La liberación sexual ya en los años sesenta y setenta trajo mucha confusión a las mentes, sobre todo a las hetero masculinas. Costó que los hombres comprendieran que el hecho de que una mujer decidiera tener sexo de una noche no la degradaba socialmente, sino que sólo la igualaba a sus compañeros masculinos.

Desde la década de los noventa, con la generalización del acceso a contenidos pornográficos por jóvenes de ambos sexos, y muy especialmente ahora, cuando jóvenes y adolescentes pueden acceder a esos contenidos desde sus teléfonos móviles, parece haber estallado una ola de libertinaje desatado que sitúa a algunas jóvenes, aparentemente, lejos del alcance de la misma protección que aquellas otras más recatadas, menos promiscuas, o más timoratas.

No obstante, la cuestión es la misma: se trata de hacer entender a las mentes menos propensas al cambio, a la evolución, que las mujeres o, en general, las personas que deciden libremente realizar ciertas prácticas sexuales no están con ello firmando ninguna renuncia a derecho alguno; que una persona puede recibir cien empujones de pelvis diciendo «sí» o al menos mostrándose colaborativa, complacida y complaciente, que si al que hace ciento uno deja de hacerlo, como mínimo se tiene que parar e interesarse por su ánimo y bienestar, y obrar en consecuencia por más intenso que sea el dolor de las gónadas sobreexcitadas.

Viene todo esto, obviamente, al hilo de la situación de “la manada”, cuyo proceso judicial tuvo algunas notables carencias. Por ejemplo, si ante un robo el juez admite ciertos datos y actuaciones previas como prueba de intencionalidad y, en su caso, de reincidencia, ¿por qué no fue así en este juicio? ¿Deberemos pensar mal de jueces, policías y fiscales porque uno de los procesados era guardia civil? ¿Es por eso que se les pasó por alto algo tan obvio como que de una “juerga” sexual de más de media hora, cinco presuntuosos gañanes sólo grabaran poco más de un minuto, que, oh casualidad, sólo muestra (según parece) a una chica que no les rechaza?

Por otra parte, la puesta en libertad bajo fianza, a mí, que soy lego en leyes, me sugiere la exculpación de los cinco, pero seamos honestos: a día de hoy existe una condena sobre ellos que si aún no se ha hecho efectiva es sólo por una decisión judicial, incomprensible y sospechosa como es, en tanto la sentencia no sea firme. Aunque ahora que han cogido a uno intentando renovar el pasaporte quizá cambie la cosa.

Todo esto ha sido sobradamente comentado ya. Pero he aquí que ha irrumpido en esta cuestión un punto tan comprensiblemente discordante como socialmente peligroso: que las feministas, incluso algunas de las cabezas más moderadas y mejor asentadas (permitidme no dar nombres, pero ellas saben quiénes son), saliesen a la calle o en los medios hablando de «impunidad» (¿con una sentencia de nueve años?, ¡por favor!) de manera precipitada quizá servirá para que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra o, en su caso, el Supremo, se lo piensen antes de reducirles la condena, pero de momento ha servido para que al menos dos grupos de chicos creyesen en esa impunidad y hayan cometido actos similares con sendas víctimas en San Bartolomé de Tirajana y en Mazarrón.

Ya en mi anterior artículo “María tampoco era una santa” traté de hacer entender que el consentimiento (o, mejor dicho, el acuerdo mutuo, sea explícito o implícito) puede caducar en cualquier momento, como tan exitosamente se afanaron en ocultar los cinco gañanes tristemente famosos, borrando, no me cabe duda, todos los vídeos y fotografías que pudieran reflejar rechazo por parte de la chica o un exceso de violencia por parte de ellos.

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Pero también existe una responsabilidad social colectiva que nos convierte a todos en culpables de las agresiones sexuales grupales que se han producido en estos últimos días. A policía, jueces y fiscales, por haber mirado hacia otro lado con la ocultación o eliminación de pruebas por parte de “la manada” (¿no admitir como prueba las grabaciones en las que los chicos contaban sus intenciones?, ¿en serio?). A las feministas y a la prensa contraria a “la manada” por calificar irresponsablemente de «impunidad» la libertad condicional de los cinco chicos condenados a nueve años de cárcel. Y a las personas que les apoyan a ellos, por haber hecho todo lo posible por desacreditar todas las pruebas que les incriminaban, empezando por el propio testimonio de la víctima, inevitablemente confuso ante semejante vivencia.

Es cierto que tenemos el derecho a criticar las decisiones judiciales, pero no es menos cierto que tenemos la obligación ética, moral si se quiere, de informarnos bien, con amplitud, precisión y objetividad, antes de hacerlo, sobre todo cuando nuestras críticas pueden llevar a conclusiones peligrosas. En menos de una semana han ocurrido al menos dos violaciones en grupo; ¿qué habría ocurrido si la sensación de impunidad creada a partir de ciertas críticas y opiniones hubiera estado referida a un caso de asesinato o de mutilaciones? Pues que la opinión pública sería en parte responsable de nuevas muertes o mutilaciones.

La sociedad en su conjunto ha de educarse, y muy especialmente de educar a las nuevas generaciones, en el respeto hacia el otro, y para ello hay que aprender a aceptar las diversas formas en que una mujer, o una persona en general, quiera vivir su sexualidad.

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