Los menores tutelados por el estado, ¿se les saca beneficio y abusa de ellos?

El robo sistemático de bebés es uno de los episodios más oscuros de la España de la transición. Forma parte de la herencia franquista que se alarga hasta bien entrados los años 90, al estar protegida y amparada por “religiosos, médicos, empresarios.” La Unión Europea considera el robo de bebés como “Crímenes que violan artículos fundamentales del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.”

En la actualidad, únicamente un caso de bebés robados ha sido juzgado en los tribunales españoles. El resto de las denuncias están archivadas y los responsables permanecen impunes.

Esta transigencia delictiva, ¿abre las puertas a otras formas más sofisticadas a la hora de “robar” bebés y/o menores?

Ana María Álvarez, psicóloga directora del Centro de Psicología y Escuela de Formación PSIDES, declaró: “Las leyes han ido favoreciendo que las tutelas sean fáciles de conseguir. No hace falta orden judicial. Cualquier funcionario, técnico de Servicios Sociales, puede firmar un desamparo sin que pase por supervisión judicial”. Explicó que, por casualidad, empezó a investigar lo que aparenta una trama de robo «legal» de bebés y menores. Al parecer, busca lucrase del dinero de las subvenciones por tutelarlos. Contó que hay personas interesadas dentro de las empresas que se encargan de los centros de acogida, ONGs, propios funcionarios, abogados. Ha llegado a pensar que también algunos políticos puedan estar implicados. Afirmó que no cree que todo el personal que trabaje en la tutela de menores sea corrupto. Manifestó que “La Administración Española recibe subvenciones de la Unión Europea por tutelar a menores que oscilan entre 4000€ y 9000€ mensuales. Las familias de acogida a estos niños, cobran unos 400€/mes”. Se pregunta: “¿qué pasa con la diferencia que hay hasta los 4000€ o 9000€ que se queda la administración por cada menor tutelado?”

Son varias personas, especialistas en distintos campos, los que investigan sobre estas situaciones de “robos de menores: “Consuelo García del Cid, investigadora y autora del libro “El desmadre de los servicios sociales”, “Elena Rábade, abogada ex-magistrada”, “María Giraldez, abogada especializada en Derecho de Familia”, «Hay más abogados, psicólogos de intervención social, Asociaciones para la Defensa del Menor». Todos ellos opinan lo mismo que Ana María Álvarez y afirman, en palabras de Consuelo García del Cid: “Hay un nuevo robo de niños, pero está legalizado.”

¿Esa trama va “más allá” de hacerse con las subvenciones económicas?

Después de Estados Unidos, España es el país con mayor consumo de pornografía infantil a través de Internet. Lo documentan y denuncian End Child Prostitution and Tratticking (ECPAT Internacional) y entidades independientes como Anesvad.

La Dirección General De Atención a la Infancia (DGAIA) ha abierto expediente informativo. Pretenden revisar todas las custodias estatales por haber detectado sucesos de menores tutelados que fueron víctimas de una red de pornografía en Catalunya. La investigación se quiere realizar a nivel de todo el país por haber más denuncias de pornografía infantil, de niñas y niños custodiados por el estado, en otros puntos de la geografía española. Trama que llega a vincular el caso de “Bar España” en Vinaroz, o “Bar Arnie” en Sevilla, supuestos abusos sexuales continuados a menores de centros tutelados. En ambas, se señala a personajes influyentes de altas esferas de poder.

La organización Save THe Childen en su informe “Ojos que no quieren ver. Los abusos sexuales a niños y niñas en España y los fallos del sistema”, manifiesta que apenas se llegan a denunciar el 15% de los abusos. Afirman que hay fallos en la falta de formación y educación. Refleja que los primeros obstáculos para solucionar la situación, también, está en los problemas tanto de agilidad como de protocolos judiciales.

¿Qué lamentan los Padres?

Distintas asociaciones de madres y padres perjudicados, denuncian que es constante el hecho de que nadie les aporte información sobre cómo están los hijos que les han quitado y han pasado a ser tutelados por el estado. Para que los progenitores puedan verlos, con suerte una o dos horas a la semana y con vigilancia, han de presentar informes psicológicos. Ninguno tiene problema en aportar dichas valoraciones, aun siendo siempre favorables no son escuchados. No todos los expedientes en los que se decide retirar custodias a los padres llegan a juicio. Al estar saturado el sistema judicial, los jueces priorizan y creen los informes de los técnicos, sin investigar, a pesar de los testimonios y/o pruebas de los afectados. Consideran que la sobrecarga en los juzgados favorece la situación. Advierten que se están cometiendo abusos e irregularidades legales. Se actúa contra el Interés superior del menor al evitar, de forma judicial, el mantener las relaciones familiares.

Madres y padres llegan a perder toda esperanza de recuperar a sus hijos. Explican que, aunque se disponga de capacidad económica suficiente, la dilatación de los casos provoca que sus hijos ya no los recuerden. Aunque afirman que seguirán luchando, consideran que hasta que estos menores no sean mayores de edad y ellos decidan saber de sus padres, está más que complicado el poder rescatarlos.

Se preguntan: «Habiendo leyes y ayudas económicas diseñadas para el bien superior del menor, ¿cómo es que no hay protocolos que prevean la posible malversación, corrupción de personal que trabaja para la administración y/o el abuso hacia menores vulnerables que tutela la administración?»

Las asociaciones afirman que le puede pasar a cualquier madre o padre que acuda a solicitar ayuda a los servicios sociales. O que otro familiar, vecino, o en un hospital, denuncien negligencia parental y, sin que por ello sea cierto, esto pueda llegar a ser motivo suficiente para perder a los hijos.

Consuelo García del Cid y Ana María Álvarez, animan a todos los damnificados a unirse, a realizar listado de casos y formas irregulares de proceder para hacer denuncias colectivas. Que eviten entrar en polémicas de leyes trampa.

¿Cómo crear una estructura que prevea, prevenga e impida la corrupción en las administraciones públicas? ¿Qué tipo de protocolos se han de incorporar para evitar todo abuso hacia menores tutelados por el estado?

La experiencia y la razón han demostrado que los intereses particulares, los abusos, la degeneración, corrupción, se anteponen a la razón y el cumplimiento de la lógica y la justicia. ¿Quién conseguirá llegar a crear alarma y conciencia social para ayudar a luchar contra todo este despropósito? ¿Por qué cuesta que los grandes medios de comunicación se hagan eco del abuso y el beneficio económico que se saca de las niñas y niños bajo custodia estatal?

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4 Comentarios

  1. Un apunte para añadir a tu denuncia social, y para que las personas entiendan el problema de las tutelas a menores. Cuando se habla de tutelar menores,en Mayo de 2018, eran 34000 menores tutelados de los cuales 6000 eran niños/as MENAS (Menores extranjeros no acompañados). A 31 de Diciembre de 2018, los MENAS acogidos o tutelados pasaron a 12500. Los centros de acogida estan hipermasificados, y …ya saben como se soluciona el «tema» no?…. Cediendo a empresas privadas que tienen centros de acogida su gestión, en lugar de abrir mas centros de acogida publicos con su personal necesario. En los gobiernos del PP su politica social fué la de ir cerrando centros publicos de acogida, toda vez que endurecieron la politica migratoria. Los recortes en este area fueron paulatinos….hay centros de acogida y recepción donde educadores/as llevan interinos 20 años…..sin que en ninguno de los gobiernos anteriores del PP o PSOE se hayan sacado las oposiciones correspondientes, y trabajando en un numero escaso para la masificación de los centros publicos. La solución ahora pasa por ceder menores tutelados a estos centros, y ya sabeis lo que eso supone. Para entenderlo mejor, es como privatizar la sanidad. Al final quien lo paga es el menor, sea MENA o no,….es un menor recordemoslo. Y resulta que no pueden tener una atención mejor porque con ellos se esta jugando desde las altas esferas a utilizarlos como «objetos» de negocio. Tal y como bien dice Dalila_sin, si los recursos revertieran verdaderamente sobre los menores y sus verdaderas necesidades, todo funcionaria mejor….pero cuando hay otros intereses, entonces todo son problemas y trabas o burocráticas o judiciales, perdiendo la perspectiva de que quienes lo sufren son…niños/as….y sinceramente, la utilización de los menores como «mercancias» tuteladas….es indecente e inmoral….y muchos de los profesionales que trabajan en dichos centros, llevan tiempo diciendo que es una bomba de relojeria a punto de explotar.

    • Tu último párrafo, es el que se ajusta al artículo. La otra información es correcta, pero es para otro artículo.
      Quedándome con la última frase que has puesto, sinceramente, esto ya tenía que haber estallado. Hay varias asociaciones, no pocas, de padres y madres desesperados por haberles quitados los hijos sin más.

  2. Es intolerable, robándonos tanto dinero el PP y que se le siga votando, cuando Casado estaba en la cúpula, sabía lo que pasaba y lo apoyaba, según se puede comprobar por sus vehementes declaraciones de apoyo: dime con quien andas y te diré quien eres.

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