Catalunya vs España

Catalunya vs España: una perspectiva política y jurídica

El pasado domingo y después de una casi interminable sucesión de negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP, vivimos el acto de investidura in extremis del Sr. Carles Puigdemont como nuevo President de la Generalitat de Catalunya. Han sido más de tres meses de tensión política en que Junts pel Sí no cedía a las pretensiones de la CUP para cambiar de candidato a la presidencia para que estos votaran a favor de la investidura. Finalmente y después de la venta por ambas partes de alguna que otra condición, ambas formaciones llegaron al acuerdo que de esta forma evitaría unos nuevos comicios electorales en la comunidad autónoma. De una forma u otra, parece que ha prevalecido el fin común entre las dos formaciones para con la declaración unilateral de independencia de Catalunya, obviando la constitucionalidad y legalidad vigente del estado al que de momento, pertenece esa comunidad.

El asunto de la independencia, de la autodeterminación de Catalunya como estado diferente al español, lleva décadas existiendo en el discurso de los nacionalistas catalanes, pero jamás en la historia reciente de Catalunya se había hecho tan palpable ni tan insistente como en los últimos años. Preferiría no entrar demasiado en las diferentes causas de naturaleza fiscal, económica, social, cultural o política que motivan el sentimiento del nacionalismo catalán, pero lo que resulta evidente e irrenunciable, es que existe una situación político-social que requiere de una respuesta política y jurídica adecuada que esté a la altura de tan importante y transcendente situación para el conjunto de la sociedad española y catalana.

De momento y en el sentido de lo mencionado en el último punto del párrafo anterior, podríamos afirmar sin lugar a equivocarnos que tanto el Sr. Rajoy como su equipo no han sabido gestionar todo este asunto desde el minuto uno. El Sr. Rajoy, con su discurso nacionalista español, y más que con este, con su discurso rígido, inamovible y alusivo a la actual Constitución española para quitarse las pulgas de encima, no ha hecho más que radicalizar las posiciones nacionalistas catalanas, así como la opinión de los nacionalistas españoles en contra de las posiciones de aquellos. Es decir, que si cuando comenzó la situación ambos discursos se encontraban a cien metros de distancia, ahora habría que coger un avión durante una hora para encontrarse. Y es que de una forma u otra, los diferentes acontecimientos que se han ido dando durante estos últimos años, así como la reiterada negativa del gobierno central a entablar un debate político sobre la situación, no ha hecho más que alejar las posibilidades de un entendimiento, de un debate constructivo entre ambas partes para así llegar a un puerto donde todos salgamos ganando.

Como decía, la falta de inteligencia política del gobierno central, su falta de consideración para con un sentimiento de los ciudadanos de esa comunidad autónoma y una empatía desértica del gobierno para sentarse a dialogar con una mente abierta y sin posiciones irrenunciables, no ha hecho otra cosa que alejar la disponibilidad de los representantes catalanes para continuar animando a una mesa de diálogo. La situación ha llegado a tal punto, que si se obviase el saber estar y la tranquilidad y sentido de representación de los ciudadanos que deben tener tanto el Sr. Rajoy como el Sr. Mas delante de los medios de comunicación, solo les faltaría salir haciéndose cortes de manga (¿esto ya se dio no?) y cogiéndose los huevos enseñándoselos al otro y diciendo que a ver quién los tiene más grandes. Que por mis cojones ahora me independizo, y el otro, que por los suyos que no.

Hasta tal punto ha llegado la falta de inteligencia y de capacidad de diálogo del gobierno central, que la única forma que ha encontrado para defender su posición ha sido utilizando al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en el sentido de una constitución que pronto tendrá cuarenta años. Y sí, si nos atenemos a la literalidad de la norma suprema, España es un estado cuyo territorio se encuentra dividido por comunidades autónomas, que a su vez, el conjunto de ellas son las que conforman los límites territoriales del estado español. En cierto modo y como vienen diciendo infinidad de periodistas, políticos y entendidos en el asunto, el gobierno central quiere dar carpetazo por uso de la ley actual, a una situación que requiere de un diálogo político del cual es probable que se desprendiesen otras leyes. Y es que por favor, no seamos obtusos ni cortos de miras, ni beligerantes con los discursos que no compartimos, ni radicalicemos nuestra ideología; el tema es que si la legalidad actual y vigente fuera suficiente para dar respuesta a la situación y así calmar las aguas, la ley actual sería adecuada, pero es que no es el caso.

La cosa es que con la aplicación de las leyes actuales, únicamente se están radicalizando aún más las posiciones de los dos gobiernos así como de la sociedad catalana y el resto de la sociedad española. Y esta radicalización, de estar España rodeada en sus límites fronterizos por otras realidades políticas diferentes a las europeas, probablemente habría llevado a una sublevación de los pueblos finalizando una situación política, en un problema llamado guerra civil, o a una represión nacional sangrienta de los sublevados (que penosamente es lo que desearía mucho obtuso en política cuando habla del artículo 155 de la Constitución española) o a la constitución de un Movimiento de Liberación Nacional por parte de lo que hoy es una comunidad autónoma de España.

Personalmente empatizo con ambos discursos. Entiendo al conjunto de los españoles cuando dicen que si hay que votar en referéndum sobre el futuro de Catalunya, deben votar todos los españoles. Y digo que empatizo y entiendo la posición españolista, justificándolo en que el conjunto del estado español es lo que es económica, social y políticamente hablando, gracias al conjunto de sus comunidades autónomas, entre ellas Catalunya. La secesión de Catalunya del resto de España, evidentemente tendría una repercusión en el resto del estado Español y su sociedad, que probablemente sería negativa a nivel económico entre otros, y por ende, se justifica que sea toda la sociedad española la que deba tener derecho a decidir sobre el futuro de Catalunya en tanto que el futuro de esta puede comprometer el futuro del resto de España y su sociedad.

Este sería básicamente y a grandes rasgos el discurso político del gobierno central, o al menos el que entiendo que utilizaría yo en términos políticos en caso de tener que defender el discurso de este gobierno. Por otro lado, ya conocemos el buen hacer del gobierno central utilizando la represión judicial que se presume a tenor de la legalidad vigente, impugnando sin descanso cualquier norma que se dicte des del Parlament de Catalunya en relación al sentimiento catalanista desde un punto de vista político.

Por su parte, el discurso catalanista también se justifica, y lo hace con unas bases políticas y jurídicas que difieren enormemente de las que sustentan el discurso españolista. Evidentemente, el discurso político independientemente de que pertenezca a una u otra parte en un litigio cualquiera, se basa en el sentido común, igualdad, lógica, coherencia humana, etc. con respeto escrupuloso a los dictados históricamente válidos en relación a conceptos como el de democracia o derechos humanos entre otros. Por su parte, el discurso jurídico utilizado para la defensa de un discurso político concreto, se encontrará enmarcado y limitado en función del alcance interno y externo que tenga la legalidad que defiende jurídicamente aquel discurso político. En este sentido, el discurso jurídico que el nacionalista español puede utilizar para defender su discurso político, se encuentra, digamos ilimitado por el contenido de la Constitución española y la legislación interna que se desprende, en la que más arriba ya dejé más o menos claro como se basa la configuración territorial del estado español sin posibilidad de autodeterminaciones, secesiones o independencias. Por su parte, el discurso jurídico que el nacionalista catalán puede utilizar para defender su discurso político, se encuentra (a diferencia del españolista) limitado por la legislación interna del estado español, pues no se encuentra disposición (a priori y sin detenernos a hacer exégesis) que ampare su discurso político. No obstante lo anterior y a efectos jurídicos, donde no se encuentra limitado el discurso político catalanista, es en relación a disposiciones legales emanadas de instituciones supranacionales como el Consejo de Europa, la ONU y los diferentes tribunales internacionales, y que se conoce como Derecho Internacional Público.

Como es conocido, las fuentes del derecho internacional público, entre otras, son las costumbres históricas (fuentes consuetudinarias) de las relaciones entre diferentes estados, las disposiciones que emanan de las autoridades internacionales legitimadas por los estados miembros de una persona jurídica internacional y por la jurisprudencia que sientan sus tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional o el Tribunal Internacional de Justicia entre muchos otros. También es conocido que todo estado miembro a una organización internacional, deberá respetar y adaptar su legislación interna (sea legal o constitucional) a los Tratados, Pactos, Resoluciones, Directivas u otros actos jurídicos emanados por la organización internacional a los que se haya adherido o ratificado el estado en cuestión.

Dicho lo anterior, ya puedo comenzar a justificar el discurso catalanista, que sin duda, merece mayor disquisición (no de las del Sr. Rajoy, que como ya conoce Carlos Alsina, no llevan a parte alguna) que la españolista por razones históricas, políticas, de fundamento humano y de posición jurídica preeminente de las normas que se desprenden de las organizaciones internacionales, mientras el estado en cuestión se encuentre jurídicamente obligado por su propia voluntad.

El Derecho de Autodeterminación de los pueblos es aquel que permite que estos puedan decidir sus formas de estado y de gobierno sin injerencias externas. Este derecho ya se reconoció en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) dictados en Nueva York en 1966. Posteriormente, estos pactos unidos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, dio lugar a lo que hoy conocemos como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Además de estos tratados que serían la base ineludible de los derechos que proclaman, el de autodeterminación de los pueblos ha sido regulado además, por diferentes resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Existe doctrina jurídica en contra de la autodeterminación de los pueblos basándose en que una parte concreta de un pueblo (el catalán por ejemplo), no puede denominarse a si misma un pueblo diferente al que se supone que ya pertenece (al español). Bien, para despejar esta incógnita de la ecuación deberemos consultar qué entiende la comunidad internacional por Pueblo.

Eludiendo deliberadamente la historicidad social, política y jurídica que hoy en día da un sentido concreto al concepto “Pueblo”, diremos que este es todo grupo de personas que constituyen una comunidad cualquiera. El concepto debe extenderse hasta llegar a que pueblo también lo son grupos concretos dentro de aquella comunidad en virtud de su cultura, religión, idioma u otras variables con suficiente entidad como para presumir una diferencia en relación al resto. A mi humilde parecer, creo que cualquier español que se haya movido un poco por los montes de España, se habrá dado cuenta de las lenguas, costumbres, folclore y culturas diversas que conforman España. Y para más indicaciones, la misma constitución española así lo reconoce.

Aclarado este punto del concepto “Pueblo”, podemos continuar con la disquisición. El derecho de autodeterminación de los pueblos ha estado siempre respaldado por diferentes corrientes filosóficas como el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el leninismo o el nacionalismo, y ya desde la constitución de la primera liga mundial de naciones, la Sociedad de Naciones, organización creada después de la primera guerra mundial y precursora de lo que hoy es la ONU. Por otra parte cabe destacar que el derecho de autodeterminación de los pueblos no tiene porqué llevar implícito en su significado la secesión o la independencia total de un territorio del que se formaba parte inicialmente; este sentido bascula en función de la filosofía y del ánimo y calidad democrática del estado que se pronuncie en esta cuestión.

Para los nacionalistas españoles (a los que tanto les gusta presumir de democráticos barriobajeando a políticas izquierdistas históricas de otros países) podría chocarles que después de que los bolcheviques consiguieran el poder tras la revolución de octubre de 1917, se proclamase oficialmente el principio de autodeterminación de los pueblos en la Declaración de los Pueblos de Rusia; política que permitió la independencia de Finlandia. También podría chocarles que la constitución de la Unión Soviética de 1924, fuera la primera en el mundo en reconocer este derecho para sus repúblicas. Como otro ejemplo pero a nivel externo e internacional, la Resolución de la ONU 1541 de 15 de diciembre de 1960, venía a dilucidar respecto a la prevalencia de dos principios jurídicos aceptados: la integridad territorial de los estados vs el derecho de libre determinación de los pueblos. La resolución vino a decir finalmente que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un ejercicio legítimo que debe permitirse a la población para que exprese su voluntad libremente. También que esta voluntad no siempre tenía que representar la constitución de un nuevo estado soberano; también podría llevar a la independencia, a la libre asociación o a la integración en otro estado.

Volviendo un poco atrás en el tiempo, sobre 1955, en la ONU hubo un gran debate internacional en relación al concepto que aquí se trata. Es curioso que casi todos los estados de occidente votaran en contra de la iniciativa de la URSS para con este derecho entendido como de carácter universal, mientras que los estados asiáticos, latinoamericanos, africanos y la gran mayoría de estados comunistas votaron a favor. Pero se entiende que occidente votara en contra, pues habían muchísimos intereses que corrían peligro para los estados coloniales como el Reino Unido, Bélgica o Francia. Finalmente, la vergüenza a que internacionalmente se les conociera que los intereses económicos y otros prevalecían en su moral política por encima de la democracia y los derechos universales del hombre, hizo que paulatinamente estos estados coloniales y sus socios ratificaran y se adhirieran a estos tratados reconociendo el derecho.

Posteriormente y en relación a otras cuestiones pero que trataban el mismo concepto, en 1970 se adoptó la resolución 2625 que contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Esta declaración en definitiva, vino a afirmar que la libre determinación es un derecho de todos los pueblos conllevando obligaciones para todos los estados, y que su respeto es condición necesaria para el establecimiento de relaciones amistosas y de cooperación entre los estados.

En relación a los Tratados y Resoluciones comentadas, que como ya he dicho más arriba algunas constituyeron lo que hoy es la Carta Internacional de Derechos Humanos, pues uno de ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue ratificado por el estado español en julio de 1977 (curioso que se ratificase después de la muerte del demócrata Francisco Franco), en su artículo primero se dice lo siguiente:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto (del que forma parte España), incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Para ir finalizando la justificación jurídica del discurso catalanista, me gustaría decir que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano denominado de tercera generación, habiendo autores y doctrina que por la premisa de tratarse de un derecho humano, su rango de influencia queda restringido y circunscrito no más allá del individuo. No obstante, la Corte Internacional de Justicia concluyó que se trata de un derecho humano de naturaleza colectiva.

Dicho todo lo que más arriba consta, no me queda más que afirmar que a mi humilde parecer, Catalunya dispone de los elementos subjetivo y objetivo para que le sea reconocido, en virtud de los pactos políticos internacionales, su derecho a la autodeterminación. El elemento subjetivo seria la conciencia del grupo, de ser un pueblo no dependiente a otro u otros, la de tener la voluntad de que así se le identifique, etc. Por su parte, el elemento objetivo serían el conjunto de características que el grupo debe reunir y que establecen un vínculo entre sus miembros; como la lengua, la cultura, el folclore y sus costumbres concretas.

Cosa distinta son los intereses oscuros que se difuminan en un discurso borreguil de políticos nacional-españolistas. Digo borreguil ya que aún sin un fundamento político adecuado y aún menos jurídico como no sea anteponer la constitución española como una de las tablillas de los diez mandamientos del abre mares, consiguen que una gran masa de personas se dejen guiar por sentimientos viscerales de odio y de jodienda al pueblo catalán. Aún, y a mi humilde entender, sin tener razón alguna desde un discurso político-jurídico en el ámbito del derecho internacional, que recuerdo, prevalece ante la legislación y constitucionalidad interna de los estados miembros.

Pues bien, dicho todo lo anterior no me queda más que añadir que a lo que a mi opinión se refiere, me suda el sobaco que Catalunya se independice o no de España. Me da completamente igual, de verdad, estoy siendo sincero. Pero siendo también sincero, lo que realmente no me da igual, es que el país de donde son mis antepasados, el país en donde nací y que no es otro que España, sea gobernado por unos políticos y unos representantes institucionales con tan poco sentido de la democracia, de la legalidad internacional, y que se muestren tan insultantes para con un derecho humano cualquiera.