#LibertadTitiriteros

Disfrutar hoy en día de la posibilidad de ejercer libremente el derecho a expresarse, el derecho a informar de las propias ideas u opiniones en relación a diferentes campos, sea la política, la religión, la filosofía o cualquier otro, o a informar sobre noticias de relevancia e interés público, y tener la posibilidad de hacerlo en una sociedad como la nuestra en la que los medios de divulgación a través de las redes sociales nos ofrece un amplio espectro de influencia, es a la vez que un gran honor y un gran logro del estado democrático post franquismo, una gran responsabilidad. Nuestra constitución, en su sección primera del capítulo segundo (derechos fundamentales), reconoce en su artículo 20 el derecho de libertad de expresión que entre otros, comprende el derecho a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión se encuentra limitado, entre otros, por los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Es decir, que podemos expresar libremente nuestra percepción del mundo siempre y cuando no se ofenda a la honorabilidad ni a la intimidad o imagen de terceras personas o ideologías colectivas, y si se trata de información relevante para la opinión pública, esa información debe ser veraz.

Después de lo visto este pasado viernes día 5 de febrero con los titiriteros que en Madrid representaban una sátira en la que se pretendía encarnar la justicia material ante la injerencia de unos poderes corruptos (leer esta noticia por favor), se hace complicado llegar a creer que realmente disfrutamos de este derecho a la libertad de expresión. Pero aunque el título de este artículo y el contenido del mismo parezca fácilmente aplicable al caso de estos titiriteros, no nos dejemos engañar; a mi humilde parecer más que una injerencia sobre ese derecho (que podría encontrarse en este caso justificada por la limitación a la debida protección de la infancia en haber niños durante la representación), parece un ejercicio extralimitado (o tal vez todo lo contrario) de la interpretación jurídica que debe hacerse sobre lo que está claro según la página web de Titiriteros desde Abajo y del sindicato CNT, no era ningún tipo de enaltecimiento del terrorismo, y por ende, tampoco un delito. Según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional y basándose en el informe policial y a petición del ministerio fiscal, los titiriteros han sido encarcelados sin posibilidad de libertad bajo fianza. Según diferentes periódicos, parece desprenderse del auto del magistrado un claro delito de enaltecimiento del terrorismo simplemente por haberse mostrado un cartel con las palabras “GORA ALKA-ETA”.

No entraré mucho en interpretaciones jurídicas primero porque no soy quien, y segundo porque como ciudadano de a pie, desconozco el fondo de la cuestión y toda la correlación fáctica de los hechos. No obstante lo anterior y si nos ceñimos a la información de la que disponemos por los medios de comunicación, parece que la decisión del magistrado se haya visto influenciada por la presión mediática de ciertos medios cercanos a la derecha más rancia de este país, o tal vez simplemente, por sus concepciones morales o lo que aún sería peor pero más sencillo: por la presión e interés partidista de ciertos agentes políticos que se encuentran agazapados cual guepardo a la espera del momento más idóneo para atrapar a su presa (en este caso al ayuntamiento regido por la Sra. Carmena). Me refiero de esta forma, ya que aún desconociendo como ya he dicho el fondo de la cuestión, por lo leído en diferentes medios, parece no adaptarse la decisión judicial a las motivaciones y al contexto donde se reprodujo el cartelito de “GORA ALKA-ETA”.

El principio de legalidad penal nos garantiza que nadie seremos condenados o sancionados por acciones u omisiones que en el momento de producirse, no estuvieran catalogados como delito, falta o infracción administrativa. Dicho esto, para poder aplicar la comisión de un delito a una persona deben darse una serie de requisitos; entre ellos que el elemento fáctico (el hecho) correlacione fehacientemente y sin lugar a dudas con lo que se considera jurídicamente un hecho que contraviene una disposición penal. Yo no soy quien para juzgar, pero si me ciño a lo que se conoce del supuesto, me cuesta entender como enaltecimiento al terrorismo la presencia de unas palabras en una representación teatral que pretendía señalar a un poder público corrupto por querer asignar a una víctima del sistema la pertenencia a un grupo terrorista, cuando no era cierto. No entraré a valorar la conveniencia o no de la representación para un público infantil, pues parece evidente que todos estamos de acuerdo en que no era apropiado. Dejaremos que la compañía y el ayuntamiento de Madrid den a conocer sus posturas y tal vez con el tiempo, sepamos qué pasó realmente a lo que a esta responsabilidad se refiere.

Volviendo al hecho central y ateniéndonos a lo que conocemos por los medios de comunicación, debemos detenernos y hacer una gran reflexión sobre lo sucedido. No olvidemos que según parece, la aplicación del presunto delito viene justificado únicamente por la presencia de un cartel con aquellas palabras en el contexto y fondo de una obra teatral. La primera pregunta que se me presenta entonces es: ¿en el caso de que en el cartel que contenía aquellas palabras, hubiera contenido las de “Viva Franco”, también hubieran sido consideradas como un enaltecimiento a alguna consideración no aceptada en la sociedad? Y también y por estar de moda: ¿si en lugar de poner en el cartel “GORA ALKA-ETA” hubiera puesto “Visca Catalunya Lliure” o “Queremos unha Galicia libre”, hubiera sido constitutivo de un delito de sedición? Creo que no, que no hubiera sido ninguno de esos delitos, y de la misma forma, por lo que conocemos del caso, como muchísima gente que se ha manifestado por las redes sociales y hasta por las calles pidiendo la libertad de los titiriteros, me parece una grave equivocación el encarcelamiento de esas personas. No obstante esto, siento la necesidad de decir que debemos confiar y respetar las decisiones judiciales porque si no podemos confiar en ellas, sea por desconocimiento del fondo de los casos en relación con sus decisiones o porque realmente tengamos razón para ello, estamos perdidos como sociedad democrática y como estado de derecho. En cualquier caso, cuando se enjuicie y se tenga sentencia firme sobre el caso, conoceremos con más detalle el contexto, los hechos y si éstos son realmente constitutivos del delito que se les presume; de momento, solo es presunto, pero con dos personas encarceladas sin posibilidad de fianza.

Para ir finalizando el artículo me gustaría presentar como posible explicación a los hechos acontecidos, que aún con el debido respeto a los diferentes poderes constitucionales, no debemos olvidar que vivimos en ese país cuyo presidente del gobierno se permitió enviar un sms al Sr. Bárcenas diciéndole “sé fuerte Luís”, sin que haya habido ningún tipo de responsabilidad, ni legal ni política; que vivimos en ese país cuyo antiguo presidente del gobierno nos llevó a una guerra ilegal en Irak, que después se demostró que no habían habido armas de destrucción masiva cuando ésa fue la motivación para iniciarla, y que sus otros colegas han pedido perdón cuando él aún no lo ha hecho; que vivimos en ese país cuyo anterior gobierno quiso echarle la culpa sí o sí a E.T.A de la muerte de casi 200 personas en los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, cuando el atentado fue producto de la intervención española en esa misma guerra ilegal según la organización terrorista que los perpetró; que vivimos en ese país donde es necesario que una jueza argentina sea la que solicite el levantamiento de una fosa común; que vivimos en ese país en el que cuando un vehemente juez para con su labor no actúa en interés del gobierno de turno, se le inhabilita y punto; que vivimos en ese país en el que hay presuntos delincuentes sentados en el congreso y en el senado protegidos por el aforo constitucional, y el congreso sigue sin modificar la constitución; en definitiva y como leí en el time line de una compañera tuitera: “España, ese país donde se va a la cárcel por una incorrección y al Senado por saquear la comunidad valenciana”…