Tendría gracia, sino fuese por la gravedad de lo que supone. No se cansan de afirmarnos continua y reiteradamente que somos iguales ante la ley. Que existe una ley que nos protege a todos y una Justicia que es imparcial. Una sarta de mentiras que hay quien se traga, como una píldora, cada vez que uno de esos manipuladores de la palabra suelta semejante despropósito. Que existan jueces íntegros, profesionales, amantes del cumplimiento de la ley, imparciales, serios, intachables e incorruptos, yo, al menos, no lo pongo en duda, pero que la Justicia, como institución, es algo que no cumple con las funciones que se le suponen es prácticamente una obviedad.
Si hay algo que subvierta claramente el sentido de la justicia es el trato que se está dando por parte de esta al asunto del espionaje del PP a Podemos, con sustracción incluida de objetos personales y entrega de información a medios de comunicación afines. En cualquier país del mundo civilizado, Eduardo Inda y dirigentes del Partido Popular implicados, estarían entre rejas esperando un juicio que daría, sin duda, con todos ellos en la cárcel.
Sin embargo, nuestra Justicia, se ocupó celéricamente en poner a disposición judicial a los organizadores del referéndum del 1-O en Cataluña, sin importarles que no hubiese fecha para celebración del juicio, porque parece ser que para determinados estamentos de la Justicia sólo tienen importancia algunos asuntos, mientras otros – que sí que están poniendo en duda el carácter democrático de nuestro estado – parecen transformarse en algo sencillamente anecdótico.
Tampoco ha aparecido el Jefe del Estado, para ofrecer explicaciones y hacer un llamamiento al carácter democrático de nuestra sociedad y afear esas conductas de algunos partidos políticos, que han buscado el ventajismo y que han tratado de derribar a otras formaciones políticas a base de fabricar pruebas falsas y de poner en entredicho la honradez de determinados ciudadanos.
La Justicia española, la Justicia, con mayúsculas necesita una limpieza urgente. Y la monarquía ha demostrado ya, más que sobradamente, que lejos de ser imparcial y neutral, forma parte del entramado político de la derecha y de los poderes fácticos, como la Iglesia y esa Justicia posicionada del lado de los poderes económicos.
Por higiene política la monarquía debe desaparecer de nuestro Estado de Derecho.
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