El pasado jueves nos despertábamos con una nueva que para muchos, debió caer como una losa de canto en sus espaldas. Con las vértebras partías deben haber quedado muchos de los más de cuatro millones de personas que se encuentran en paro después de enterarse que 64 ex-parlamentarios del congreso de los diputados, tienen derecho a solicitar a esta institución, una ayuda que les proporcionaría unos 2.813,87 euros mensuales por año “sufriendo” en la correspondiente bancada. Es decir, un parlamentario que haya estado, por poner un ejemplo, durante tres legislaturas completas (12 años) viviendo de sus funciones como tal, y ahora se quedase fuera del congreso por la razón que sea (dimisión, no elección el pasado 20-D u otras razones), éste cobraría la mencionada cantidad durante doce meses.
Entre estos privilegiados se encuentran nombres tan conocidos como los de los presuntos socialistas (presuntos por el devenir y color que está cogiendo estas últimas semanas el PSOE) Eduardo Madina, Isabel López o Trinidad Jimenez, o los Populares (populares más bien por la presunta organización criminal a la que pertenecen que no por su popularidad en sociedad) Eduardo Gil Lázaro, Alfredo Prada o nuestra queridísima ex-ministra de salud, Ana Mato. He dicho privilegiados porque si no estoy equivocado, creo que ninguna persona trabajadora que haya cesado en su puesto de trabajo por finalización objetiva de la temporalidad del contrato, tiene derecho a solicitar a ninguna empresa, sea pública o privada, una ayuda por dicha cantidad por tantos meses como años haya trabajado en la misma.
El tema no es que se lo hayan sacado de la manga ahora mismo, sino como era de suponer, la ayudita está contemplada en un Reglamento hecho por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, para beneficio de ellos mismos; así, porque yo lo valgo. Y cuidado, que no se trata de una cobertura puntual por accidente de trabajo por si se te cae el Ipad de canto en el dedo gordo del pie o algo similar por algún susto al ver los piojos de algún parlamentario de Podemos, no, es con todas las letras una indemnización por cese, o al menos así consta en el artículo 12 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y Otras Prestaciones Económicas a Favor de los Ex-parlamentarios, que es la norma de regula este tipo de privilegios, entre otros.
Yo no es que esté muy puesto en estas cosas, pero el sentido común me dice que cuando alguien se presenta en unas listas como sujeto elegible para ocupar una butaca desde donde deben pronunciarse palabras con sentido para el interés general del pueblo, debe tratarse de personas con ánimo de servicio público, con ganas e ilusión por gestionar lo público para mejor funcionamiento e interés general. Y desde luego, faltaría más, deben cobrar un sueldo digno y adecuado a las funciones que realice el diputado. Dicho esto, interpreto que quienes se presentan a unas listas ya disponen de un trabajo previo al que habrán solicitado una excedencia laboral para que en caso de salir elegidos, desempeñar la función pública con la conveniente reserva de su plaza laboral. ¿Y si no trabajaban con anterioridad? Entonces he de pensar que o bien disponen de ingresos de otra naturaleza (rentas u otros), o bien se han presentado a ocupar un escaño no por la vocación de servicio público, sino por la vocación de vivir de lo público, o ambas cosas, que también podría ser.
Sorprende que la señora Ana Mato, la misma que según informes transmitidos por la UDEF al entonces juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, recibía supuestamente de la trama Gürtel regalitos a modo de viajes, productos de Louis Vuitton, pago de fiestas de cumpleaños con payasos y todo, y algún que otro evento social de carácter particular o privado, sea la misma que ahora, al dejar de ser parlamentaria, tenga derecho a cobrar la friolera de 53.463 euros en un período de 19 meses, porque claro, la pobre señora ya no es parlamentaria. Me gustaría saber si con estas cantidades tendrá suficiente como para iluminar el garaje de su casa y así poder ver qué clase de coches se aparcan allí; si son B.M.W’s, Audi’s, Jaguar’s o alguna que otra marca de estas cualquiera. ¿He dicho más arriba que sorprende? Pues no, la verdad es que no me sorprende, porque si alguien tiene tanta cara como para negar su implicación, en uno u otro grado, después de constar en informes policiales y diligencias judiciales como supuesta beneficiaria de una trama corrupta que se lucraba con dinero de todos, ¿nos debería sorprender que ahora a la mínima ocasión, y encima de forma legal, continuase sangrando a las arcas públicas? Pues no, no debe sorprendernos.
Es lo que cabe esperar no de la señora Mato, sino de cualquier sujeto bien calificado como por Casta, no la de los fontaneros como el honrado padre de Susana Díaz, sino casta de la de su hija; de la de los que no conocen otra forma de financiar su existencia que no sea sangrando a lo público de una u otra forma, de los que han hecho de la política y la gestión pública su profesión. De profesión, político. Deberían otorgar estas indemnizaciones no en función de los años de “servicio” al interés general, sino en función del trabajo que realmente hayan desarrollado durante sus funciones: documentos redactados, intervenciones efectivas (escritas o verbales) en comisiones legislativas o intervenciones verbales en sede parlamentaria. Eso sí Andrea, lo de “que se jodan” (los parados) no cuenta ¿vale?. De esta forma estoy seguro que a muchos ex-parlamentarios más que a cobrar les saldría a pagar, no por haber tenido que soportar los ciudadanos su cara en televisión, sino por el aura parásita que han dejado en la sede durante tanto tiempo sin haber hecho ni una sola intervención, que haberlos los hay.
Sea como sea, y por mucho que escribamos, la situación vendrá a ser la misma: una serie de privilegios a los que sólo pueden acceder una élite de individuos que ellos mismos se suponen por encima del resto de mortales, a tenor de lo que dictan para ellos mismos. Mientras, como solución a las dificultades que está pasando una gran parte de la población, si eso ya tal… para lo nuestro, paga España, los mismos que deben joderse según Andrea Fabra.
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